Una vez se resuelva el amparo de forma definitiva —la sentencia, cuando la haya, también puede ser recurrida— empezaría el proceso para que las partes presenten las evidencias necesarias en favor y en contra de la extradición.

Sin embargo, estos procesos pueden ser complicados y pueden llevar mucho tiempo, por lo que es posible que la persona acusada o condenada por un delito en España no sea entregada a las autoridades españolas.

Irán: La ausencia de un tratado de extradición con España complica el proceso de entrega de personas buscadas por la justicia española que se encuentran en Irán.

En el mundo existen varios países que no tienen tratados de extradición con España, lo que los convierte en posibles destinos de refugio para aquellos fugitivos que buscan evitar ser entregados a la justicia española.

Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

Solicitud de exenciones a la exigencia de autorización official site judicial por parte del administrador del discapacitado

Demanda frente a providencia de apremio por falta de identificación del deudor o de la deuda apremiada

El recurso de amparo busca proteger los derechos constitucionales del solicitante y solicitar que se corrija la decisión tomada.

Según la nota de su departamento de esa fecha, 22 de julio, ambos se comprometieron a trabajar con rapidez para lograr la extradición del capo.

La figura permite el envío de una persona que es requerida por la autoridad judicial de otro país.

Si el Tribunal Supremo de Justicia aprueba la solicitud de extradición pasiva, se emitirá una orden de captura contra el individuo solicitado.

Escrito de alegaciones por parar o estacionar en lugar peligroso o que obstaculice gravemente la circulación

En el polo opuesto, encontramos a los 121 países que no tienen no tienen tratado de extradición vigente con España y en los que, por lo tanto, no hay garantías de entrega de fugitivos salvo que se llegue a un acuerdo More Info entre los respectivos gobiernos.

Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.